26 de abril de 2019
La Comisión Europea ha publicado recientemente el informe de la “Red de Fraude Alimentario de la UE mediante el Sistema de Asistencia y Cooperación Administrativa (AAC) de 2018” en el que se presentan los intercambios de información relacionados con las sospechas de fraude alimentario en la UE.
Este sistema fue creado para intercambiar información entre los Estados miembros sobre incumplimientos y sospechas de fraude alimentario, así como solicitar la cooperación de los Estados miembro cuando estén implicados en la sospecha detectada.
Desde el año 2013 la UE ha fijado como una de sus principales prioridades, en el parlamento y las comisiones correspondientes, la prevención y la lucha contra el fraude alimentario.
La Red de Fraude Alimentario de la UE, creada en ese año, permite que, los Estados miembros de la UE y algunos otros países europeos que deseen colaborar, trabajen en asuntos en que las autoridades nacionales se enfrentan a posibles violaciones de la legislación de la cadena agroalimentaria de la UE con un impacto mas allá de sus fronteras.
La Red de Fraude Alimentario de la UE permite asistir y coordinar la comunicación entre las autoridades competentes además de transmitir y recibir solicitudes de asistencia.
La UE ha estado reformando sus políticas de control oficial de la cadena agroalimentaria, desarrolladas con el fin de mejorar la confianza de los ciudadanos y aumentar la eficiencia general.
Aunque los alimentos de la UE son más seguros que nunca, la confianza del consumidor es baja debido a los casos que han estado en primer plano en los medios de comunicación y opinión pública como puede ser la alerta generada por fipronil en huevos procedentes de Holanda.
El fraude alimentario se debe principalmente a la mala praxis de alguna empresa para ofrecer productos alimenticios más baratos y así obtener un mayor beneficio económico. El coste para la industria alimentaria mundial se ha estimado en unos 30 000 millones de euros.
Estas infracciones, que suponen el fraude alimentario, también pueden constituir un riesgo para la salud humana, animal o vegetal, así como al medio ambiente.
El informe que se ha presentado ahora, con datos de 2018, revela cuales son los países europeos con más solicitudes de cooperación para investigar el fraude, así como los alimentos que están más involucrados y las principales categorías de infracciones detectadas.
Según este informe en 2018, los Estados miembros de la UE y Noruega lanzaron un total de 234 solicitudes de cooperación en el AAC-FF. Además, la propia Comisión Europea (CE) creó 33 solicitudes en el AAC-FF en 2018.
Aunque la lista de solicitudes intercambiadas en el sistema, no representa la totalidad de los incidentes de fraude alimentario que ocurren en la UE, su número ha aumentado significativamente en 2018 en comparación con 178 del informe de 2017 o los 157 de 2016. Este aumento no supone necesariamente que se esté realizando un mayor fraude si no que, a pesar de ser un sistema voluntario, cada vez se utiliza más con el fin de disuadir el fraude alimentario.
A continuación, puede verse en la imagen las solicitudes detalladas por países:
Si dividimos los resultados finales de este informe por la categoría de los alimentos que han producido estas solicitudes, podemos ver que lo encabeza el pescado y productos pesqueros con 45, seguida de carne y productos cárnicos y grasas y aceites.
Cuando se identifica una amenaza para la salud pública, animal o vegetal, la Comisión puede tomar medidas inmediatas que van desde una prohibición total del comercio (o importaciones) hasta la imposición de las llamadas condiciones especiales de importación (por ejemplo, pruebas obligatorias previas a la exportación y / o pruebas en las fronteras de la Unión para verificar el cumplimiento de los requisitos de la UE).
Si las deficiencias o riesgos son menos urgentes se pueden tomar otras acciones como solicitudes de planes de acción o reuniones con la autoridades competentes del país en cuestión.
En el informe se muestran dos casos ocurridos y en el que se explica lo ocurrido y las medidas adoptadas:
Este producto era de una calidad inferior a como era comercializado, ya que se vendía como Aceite de Oliva Virgen Extra y fue detectado que un 30% era aceite de oliva refinado. Fue distribuido en comercios minoristas y restaurantes del Reino Unido. Con la solicitud efectuada por el Reino Unido y dirigida a España, las autoridades competentes españolas iniciaron acciones contra una empresa alimentaria por posible fraude.
Este atún estaba destinado al enlatado y fue con sustancias químicas para alterar su color y parecer fresco. En total, se incautaron más de 51 toneladas de atún.
Puede consultar el Informe desde este enlace: The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance - Food Fraud, Annual Report 2018
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