22 de diciembre de 2010
Es frecuente, al hablar de contaminación acústica, la mención del tópico que sentencia a nuestro país como «el segundo más ruidoso del mundo, sólo por detrás de Japón». A día de hoy, esto es difícilmente demostrable e impreciso. Parece imposible medir el ruido existente en todos los lugares durante todo el tiempo para poder sostener algo así. Lo que sí podemos afirmar es que, según datos del INE de 2009, el ruido es el mayor problema que sufren los ciudadanos en relación a sus viviendas, ya que afecta a uno de cada cuatro hogares de forma directa. Diferentes estudios estatales han determinado que el ruido que afecta a mayor número de personas es el producido por el tráfico rodado. La última encuesta realizada por la Asociación Española para la Calidad Acústica (Aecor) desvela que el ruido producido por los propios vecinos es el más molesto, seguido por el causado en obras o por el ocio nocturno.
En lo referente a edificación, a Aecor le consta que las reclamaciones más numerosas de los compradores de nuevas viviendas son las relacionadas con la acústica, superando a las clásicas humedades y filtraciones. Coincidiendo con esta apreciación, el último estudio realizado por la asociación desvela que cerca del 90% de los encuestados no están satisfechos con el aislamiento acústico de su vivienda. Ante estas cifras cabe preguntarse cómo este agente contaminante, que deteriora nuestra calidad de vida de forma tan evidente, ha estado hasta hace tres años sin un marco legislativo adecuado a nivel nacional. Es, a partir del año 2007, cuando se desarrolló la Ley del Ruido, que exige a las administraciones medidas preventivas, como incorporar criterios acústicos en el planeamiento urbanístico, y acciones correctoras, como la obligación de realizar periódicamente y publicar los mapas de ruido de las ciudades de más de 100.000 habitantes antes de junio de 2012, con el fin de poner en marcha los planes de acción de medidas que aplaquen estos «puntos negros» del ruido. No fue hasta mayo de 2009 cuando se impuso en lo relativo a edificios la obligatoriedad de cumplir el Documento Básico de Protección frente al Ruido (DB -HR) del Código Técnico de la Edificación, que sustituía una normativa con casi 30 años de antigüedad. Parece obvio que en el pasado no se consiguió el confort acústico interior en las viviendas ni la calidad de vida de sus habitantes. Y, dejando a un lado el grado de civismo de nuestros vecinos, un aspecto clave que fallaba, fundamental para cumplimiento efectivo de cualquier normativa, era la inexistencia de un mecanismo que permitiese el control de dicho cumplimiento. Afortunadamente, ahora se contempla la realización de mediciones acústicas previas a la licencia de ocupación en las nuevas viviendas, que ya han puesto en marcha administraciones como las de Castilla y León o la ciudad de Valencia. Es a partir de estos momentos cuando veremos los efectos de estas normas en la práctica y pronto estaremos dando mayores pasos hacia la calidad acústica.
Texto de Juan Frías (Gerente de Aecor) extraído del periódico ABC del 16 de diciembre de 2010
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